Justicia para los que no se acogen a los acuerdos de paz

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María Cristina Solano de Ojeda

Resumen

Después de la firma del tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Gobierno nacional anunció el inicio de la fase conocida como postconflicto. Esto es, la transición entre la situación problemática y la recuperación de un estado de normalidad. Una realidad que asoma tímidamente, pero con posibilidad de perderse en la maraña de las tesis de los inconformes. En efecto, el acuerdo solo es realidad con un grupo de los rebeldes, porque unos no acordaron y otros, aunque firmaron, se apartaron con subterfugios. Surgen así dos alternativas para poner punto final al conflicto: acuerdos de paz con sabor a derrota, o seguir con una ofensiva fratricida hasta la victoria. Como el acuerdo no los alcanza a todos, aparece la guerra, por lo que es preciso que el Estado, mediante una política criminal coherente, tome las riendas de la situación. Ese es el alcance de esta invitación, la justicia para lograr la paz frente a los disidentes y grupos criminales. Queda proscrito el uso de las armas. La propuesta se fundamenta en instrumentos ensayados anteriormente por Colombia y otros países en escenarios similares que pueden ayudarnos a superar años de conflicto.

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