Colonialidad burocrática y reconocimiento étnico en América Latina Obstáculos institucionales a la autodeterminación depueblos tradicionales en Brasil y Colombia

Resumen

El presente artículo analiza críticamente los mecanismos institucionales de reconocimiento étnico adoptados por Brasil y Colombia, investigando en qué medida dichos procedimientos, aunque formalmente concebidos como instrumentos de protección de los derechos colectivos, pueden operar como estructuras contemporáneas de reproducción de la colonialidad administrativa sobre los pueblos tradicionales. Se parte de la hipótesis de que los modelos burocráticos de validación identitaria empleados por ambos Estados permanecen vinculados a racionalidades eurocéntricas que subordinan la autodeterminación colectiva a la legitimación institucional externa, en tensión con el paradigma internacional de la autoidentificación consagrado en el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio-analítico, con método deductivo y procedimiento comparado, mediante revisión bibliográfica especializada, análisis documental y examen normativo de los regímenes de reconocimiento étnico vigentes en ambos países. El estudio se fundamenta en el enfoque teórico decolonial latinoamericano, en particular en las formulaciones sobre la colonialidad del poder, para examinar de qué manera la burocracia estatal, lejos de constituir un mecanismo neutral de administración pública, puede funcionar, en determinadas circunstancias, como una tecnología contemporánea de control sobre identidades subalternizadas. Se concluye que la persistencia de exigencias formales de certificación, acreditación histórica, validación antropológica y aval administrativo estatal puede comprometer la efectividad del derecho a la autodeterminación de los pueblos tradicionales, reforzando asimetrías estructurales incompatibles con los paradigmas internacionales de derechos humanos. Finalmente, se sostiene la necesidad de reorientar los modelos institucionales de reconocimiento hacia parámetros de pluralismo jurídico, autoidentificación y desburocratización procedimental.